La sociedad argentina vive su régimen político con una clara paradoja. Si bien, por un lado, declara masivamente su adhesión a la democracia; por el otro, desdeña las instituciones que la constituyen. Por su parte, el sistema político nacional, lejos de la transparencia proclamada en los ideales republicanos, se torna nebuloso para el ciudadano, quien solo conoce de la actividad gubernamental a través de los medios de comunicación, con la simplificación, las parcialidades y las posibles manipulaciones que los mismos ejercen.
A la crisis institucional y la desinformación –o subinformación, en su caso– del ciudadano, se les suma la presencia in crescendo de grupos en condición de vulnerabilidad que, merced a la falta de respuestas en la sede política, reclaman ante la justicia su visibilidad jurídica e inclusión igualitaria.
En ese escenario, la tutela de la normativa sobre la materia de derechos humanos resulta un peldaño fundamental para la recomposición institucional y el desempeño funcional del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisivos para asegurar la operatividad de sus mandatos.